En los últimos dieciocho años hemos pasado de la condición de Estado de gobiernos disfuncionales en los tres niveles, a la muy lamentable condición de Estado fallido: por problemas severos de gobernabilidad; por la evidente ruptura del estado de derecho; por la incapacidad de un crecimiento económico sostenido; por la agravación de la desigualdad social y por el incremento de las desigualdades de desarrollo regionales. Un país débil en lo interior refleja debilidad exterior.

De ahí nuestra convocatoria a una reflexión sobre el establecimiento de nuevas reglas de juego en la relación entre los gobiernos y la sociedad. La disposición al cambio en los nuevos gobiernos debe ser impulsada por los reflejos y deseos de cambio expresados por la sociedad. La normatividad ya no puede ser excluyente sino aceptada por todos como disposición a un nuevo contrato social.

Debe establecerse que la sociedad ha de acompañar, supervisar, sugerir y propiciar los cambios deseados. Será en lo local donde deberán resolverse: la construcción de la paz, la recuperación de la soberanía, el diseño de la política económica, el desarrollo de la cultura, la resolución de los retos de seguridad, la revolución educativa, la nueva dimensión de sostenibilidad medioambiental y la búsqueda de la sociedad del conocimiento. Pero todo comienza por una toma de responsabilidad individual, hasta llegar a las grandes decisiones nacionales, gubernamentales, institucionales, sociales y corporativas.