Por Antonio Caso Aguilar y Salomon Pressburguer
Los Ángeles, durante las últimas semanas ha sido escenario de intensas manifestaciones derivadas de operativos de detención masiva ejecutados por la agencia federal Immigration and Customs Enforcement (ICE) con el respaldo de la Guardia Nacional e incluso del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, sin ningún acuerdo con el gobierno de California.
Tal situación provocó un enfrentamiento mediático entre el presidente Donald Trump y el gobernador Gavin Newsom, en donde las afirmaciones del presidente y de algunos de sus colaboradores, ha dado lugar a un debate en la sociedad estadounidense sobre el uso de fuerza pública, la dignidad humana y el reconocimiento de los derechos humanos.
Por su complejidad y naturaleza, es un tema que requiere mesura en su análisis y en la búsqueda de un acuerdo fundamentado en el respeto a las garantías individuales; exacerbar la aplicación de la ley no abona a una solución alejada de la violencia.
Migración irregular en Los Ángeles: ¿quienes se benefician de ella?
Un trato justo y equitativo a la situación que enfrentan las personas en situación migratoria irregular debe considerar, además, la responsabilidad legal de quienes se benefician económicamente al contratarlas. Es necesario que existan mecanismos de control que no sean exclusivamente punitivos hacia los migrantes, y se extiendan con mayor firmeza a los empleadores.
Las leyes federales prohíben la contratación de personas sin autorización laboral, sin embargo, la aplicación de sanciones a empresas no ha sido un tópico abordado por la administración estadounidense. Las redadas y detenciones se han realizado de forma arbitraria, muchas veces sin garantías jurídicas mínimas. Asimismo, el uso excesivo de la fuerza y la falta de mecanismos adecuados de defensa legal constituyen una amenaza directa al Estado de Derecho y al debido proceso.
En paralelo, es imprescindible reconocer que la migración laboral irregular no es un fenómeno aislado ni fortuito, sino consecuencia de una estructura económica que, en múltiples sectores productivos no han tenido la capacidad de generar los empleos formales que requiere la población económicamente activa y que, en el horizonte actual, es muy probable se agudice.
🚨🇲🇽🇺🇸 | #URGENTE ICE reveló que mafias y grupos terroristas mexicanos, venezolanos y cubanos estarían detrás de las violentas protestas en Los Ángeles: La policía activó alerta táctica total ante el riesgo de desbordamiento. pic.twitter.com/B4MLCYHgtL
— La Derecha Diario México (@DerechaDiarioMX) June 8, 2025
México defiende a connacionales, pero enfrenta el reto del empleo
El gobierno de México, con firmeza, ha señalado que su obligación es proteger los derechos de sus connacionales sin que con ello se haya incitado a la violencia o desorden civil. Sin embargo, promover un clientelismo social sin que se encuentre respaldado por la posibilidad real de crear empleos formales, parecería incentivar una espiral de pobreza que sin duda generará presiones en la frontera de México con los Estados Unidos.
A lo anterior debemos sumar un acuerdo migratorio en donde México ha recibido a más de 100 mil personas que han sido deportadas en los últimos tres años, lo que provoca necesidades económicas y sociales adicionales para garantizar un mínimo de condiciones básicas para una vida digna.
La situación en Los Ángeles no debe entenderse únicamente como un conflicto migratorio, sino como una crisis a la libertad y respeto a los derechos individuales, premisa que sustenta las oportunidades que convirtieron a los Estados Unidos en el país más poderoso del mundo.
Criminalizar la situación migratoria de manera general con un sentido eminentemente político, vulnera el Estado de Derecho y abre la posibilidad a acciones represivas en donde los mayormente perjudicados serán los propios ciudadanos de los Estados Unidos.
Es tiempo de establecer puentes de diálogo entre las administraciones estatales y locales, con los responsables de la política en México, para comunicar que la aplicación equitativa de la ley es una cuestión de Estado que se debe abordar con seriedad y aplomo y que, al mismo tiempo, requiere de inteligencia y firmeza sin claudicar en los principios internacionales que en su momento le dieron tanto prestigio a México.
Apostar por un enfoque integral, que combine legalidad con dignidad, no solo fortalece la democracia, sino que también honra los valores fundamentales sobre los que se construyen las sociedades justas.
